Todos los uruguayos conocen el peso del estado, acostumbrados a que los impuestos asfixien y que encontrar la forma de evadir sea la única forma de sobrevivir nos acostumbramos a un estado que da pero que quita mucho.
El estado uruguayo gasta y de forma ineficiente. Más allá del modelo que se quiera implementar, de estado grande o chico, estado austero o protector, el Uruguay tiene una larga historia de gastar en compras inútiles o sobrevaloradas y en cargos con altas remuneraciones que no siempre están justificados.
La capacidad de usar el presupuesto a placer ha sido siempre uno de los fundamentos esenciales del poder político, favoreciendo a propios y buscando favores o influencias. Son innumerables los ejemplos de despilfarro que cada tanto ven la luz pero son olvidados rápidamente, a nivel de gobierno nacional, intendencias y locales.
El método tradicional y más eficiente para ocultar estas prácticas es la desinformación, el papeleo interminable y los archivos perdidos en depósitos que nadie sabe donde están. Suele ser imposible saber quién autorizó qué gastos, con qué razones y cómo se llegó a esa decisión, con responsables que respondan a esos gastos.
Este modelo se mantiene en la actualidad en nuestro país, pero únicamente por el control del poder. En las últimas décadas se produjo un cambio radical en el manejo de información y la capacidad de cada ser humano de acceder a la misma. Hoy en día una persona cualquiera puede transmitir y recibir más información en un día que alguien de principios del siglo 20 en toda su vida. Este cambio se llama Internet.
La relación entre poder y manejo de información es bien conocida por los medios y los políticos, el control de lo que los ciudadanos reciben es vital para su manipulación. El periódico impreso es el ejemplo tradicional de la comunicación de una vía, donde la persona lee lo que se ha decidido que lea. Este blog es el ejemplo de las nuevas posibilidades, ciudadanos comunes intercambiando ideas sin editores o censura que decida lo que se publica.
El estado, las leyes y las mismas personas mayores suelen ir detrás de los avances tecnológicos, resistiendo las ideas nuevas y bloqueando la innovación por la inercia y costumbres incorporadas.
Un país pequeño y de baja población como Uruguay es el modelo perfecto para implementar un contralor digital del estado. Un estado donde cada gasto lleve una firma de un responsable, con los detalles relacionados y publicado en línea al momento de ser aprobado. Cada gasto que sea realizado podrá ser auditado por la ciudadanía entera, se podrá conocer exactamente cuánto gasta cada gobierno en cada cosa, y aquellos que quieran utilizar el dinero para su propio beneficio deberán exponerse a ser descubiertos.
Cada repartición del gobierno deberá publicar su presupuesto, con los gastos realizados y las firmas de quienes los autorizaron. De esta forma se podrá obtener un balance y evaluar si hubo intereses en las transacciones. Desde simples compras de papel de oficina, a grandes obras públicas pasando por los gastos de la educación pública y universidad.
Los medios técnicos materiales y de conocimiento están disponibles hace años para implementar un sistema de este tipo. En un país tan pequeño la implementación de esta solución sería trivial para algunas de las grandes empresas informáticas, y la eficiencia estatal pagaría los gastos en un corto plazo. Lo único que no está disponible es la voluntad de llevarlo adelante.
Es un paso hacia la democracia responsable, donde los ciudadanos podamos tomar la responsabilidad en nuestras manos y dejar de quejarnos de los políticos.
El estado uruguayo gasta y de forma ineficiente. Más allá del modelo que se quiera implementar, de estado grande o chico, estado austero o protector, el Uruguay tiene una larga historia de gastar en compras inútiles o sobrevaloradas y en cargos con altas remuneraciones que no siempre están justificados.
La capacidad de usar el presupuesto a placer ha sido siempre uno de los fundamentos esenciales del poder político, favoreciendo a propios y buscando favores o influencias. Son innumerables los ejemplos de despilfarro que cada tanto ven la luz pero son olvidados rápidamente, a nivel de gobierno nacional, intendencias y locales.
El método tradicional y más eficiente para ocultar estas prácticas es la desinformación, el papeleo interminable y los archivos perdidos en depósitos que nadie sabe donde están. Suele ser imposible saber quién autorizó qué gastos, con qué razones y cómo se llegó a esa decisión, con responsables que respondan a esos gastos.
Este modelo se mantiene en la actualidad en nuestro país, pero únicamente por el control del poder. En las últimas décadas se produjo un cambio radical en el manejo de información y la capacidad de cada ser humano de acceder a la misma. Hoy en día una persona cualquiera puede transmitir y recibir más información en un día que alguien de principios del siglo 20 en toda su vida. Este cambio se llama Internet.
La relación entre poder y manejo de información es bien conocida por los medios y los políticos, el control de lo que los ciudadanos reciben es vital para su manipulación. El periódico impreso es el ejemplo tradicional de la comunicación de una vía, donde la persona lee lo que se ha decidido que lea. Este blog es el ejemplo de las nuevas posibilidades, ciudadanos comunes intercambiando ideas sin editores o censura que decida lo que se publica.
El estado, las leyes y las mismas personas mayores suelen ir detrás de los avances tecnológicos, resistiendo las ideas nuevas y bloqueando la innovación por la inercia y costumbres incorporadas.
Un país pequeño y de baja población como Uruguay es el modelo perfecto para implementar un contralor digital del estado. Un estado donde cada gasto lleve una firma de un responsable, con los detalles relacionados y publicado en línea al momento de ser aprobado. Cada gasto que sea realizado podrá ser auditado por la ciudadanía entera, se podrá conocer exactamente cuánto gasta cada gobierno en cada cosa, y aquellos que quieran utilizar el dinero para su propio beneficio deberán exponerse a ser descubiertos.
Cada repartición del gobierno deberá publicar su presupuesto, con los gastos realizados y las firmas de quienes los autorizaron. De esta forma se podrá obtener un balance y evaluar si hubo intereses en las transacciones. Desde simples compras de papel de oficina, a grandes obras públicas pasando por los gastos de la educación pública y universidad.
Los medios técnicos materiales y de conocimiento están disponibles hace años para implementar un sistema de este tipo. En un país tan pequeño la implementación de esta solución sería trivial para algunas de las grandes empresas informáticas, y la eficiencia estatal pagaría los gastos en un corto plazo. Lo único que no está disponible es la voluntad de llevarlo adelante.
Es un paso hacia la democracia responsable, donde los ciudadanos podamos tomar la responsabilidad en nuestras manos y dejar de quejarnos de los políticos.
